El caso de Marco
Marco es un trabajador que se dedica al sector del marketing. Su esposa se encuentra en estos momentos sin trabajo y tiene un hijo con necesidades especiales que tampoco cuenta con ingresos. Con el paso del tiempo, su situación familiar le había hecho acumular diferentes créditos que no era capaz de pagar con su único sueldo. Esto hizo que su situación se volviera crítica.
Debido a todos estos problemas, Marco tomó la decisión de buscar ayuda profesional. Para ello, contrató a un abogado. Su letrado, José Luis Abad Fortuny, inició los trámites previos que establece el mecanismo de la ley de segunda oportunidad. En primer lugar, presentó una declaración de insolvencia.
A continuación, trató de llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores de las diferentes entidades de crédito con las que acumulaba una deuda total de 68.643,25 euros. Debido a la ausencia de masa en el concurso y a los ingresos del deudor, no se pudo lograr un plan de pagos con los acreedores. Ante la negativa de estos, el deudor presentó una solicitud de concurso consecutivo en los juzgados el día 4 de octubre de 2022.
Una vez iniciados los trámites, Marco quedó protegido legalmente, de forma que ningún otro acreedor, más allá de los reconocidos en esa fecha, podría haber solicitado ningún pasivo pendiente hasta la finalización del concurso. De la misma forma, tampoco sería posible su inclusión en un fichero de impagos.
Auto del juzgado
El juez, tras analizar la situación de Marco, observó que no había ninguna posibilidad de que pudiese devolver los préstamos que acumulaba, ya que no contaba con el patrimonio necesario. Además, cumplía todos los requisitos requeridos para acogerse al mecanismo de segunda oportunidad. Por tanto, en esa situación, el 3 de abril de 2023, tan solo seis meses después de que se presentara la solicitud, dictó sentencia favorable para Marco y determinó que debía ser exonerado de todo el pasivo insatisfecho.
La rapidez de este procedimiento se debe, en parte, a los cambios aplicados en la legislación de la ley de segunda oportunidad, que entraron en vigor en septiembre del 2022. Ya no es obligatorio informar ante notario de la situación de solvencia del interesado y se han abaratado los costes que conlleva afrontar el concurso.
Este es un ejemplo más de cómo la ley de segunda oportunidad puede ayudar a los ciudadanos a resolver sus problemas económicos.
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Fuente original: Comunicae.es.
